Los 55 millones de los mineros y similitudes con el despojo a los jubilados sindicalizados

LOS 55 MILLONES
Por Sergio Sarmiento
Jaque Mate
''La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cualquiera, pero no su codicia''. Mahatma Gandhi

Viernes, 25 de Mayo de 2007
Distrito Federal— Algunos grupos de mineros han emprendido nuevos intentos legales por lograr que el líder Napoleón Gómez Urrutia restituya los 55 millones de dólares sustraídos de un fideicomiso en Scotiabank. En esta ocasión, sin embargo, el camino no ha sido acumular más denuncias penales a las miles que ya pesan contra el dirigente minero, sino presentar demandas civiles o mercantiles. Se trata de una táctica inusual en este tipo de disputas, pero que puede ser una vía más eficaz que la penal. Hagamos un poco de historia.




En 2004 el Grupo México de Germán Larrea depositó 55 millones de dólares en un fideicomiso en Scotiabank en pago por unas acciones que los mineros de unas empresas habían recibido en los años ochenta a cambio de permitir su privatización. Los miembros del comité técnico de este fideicomiso eran miembros del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y todos cercanos al secretario general Napoleón Gómez Urrutia. Su función era definir qué mineros tenían derecho a una parte del dinero y en qué cantidad, con base en una serie de reglas determinadas, como la empresa en que habían trabajado, su antigüedad, etc.




Se calcula que alrededor de unos 9,500 mineros tenían derecho a recibir una parte de esos 55 millones de dólares. Los miembros del comité técnico, sin embargo, decidieron extinguir el fideicomiso sin haber cumplido sus objetivos, o sea, la identificación de los mineros con derecho y el pago de su dinero.




Por el contrario, transfirieron todo el monto a cuentas del sindicato y de funcionarios de éste, algunas de ellas en el extranjero.Napoleón Gómez Urrutia y sus allegados afirman que el dinero se transfirió al sindicato para que éste lo repartiera a los mineros. Sólo que el mandato del fideicomiso no era darle esos 55 millones de dólares al sindicato sino a sus legítimos dueños, los mineros. Las demandas mercantiles, por lo tanto, exigen que se reconstituya el fideicomiso, con sus 55 millones de dólares, más los daños y perjuicios a los que haya lugar.





Las afirmaciones de los líderes sindicales de que el dinero se ha utilizado para ir pagando gradualmente a los mineros no tendrían relevancia en el juicio mercantil, porque la razón de ser del fideicomiso era entregar ese dinero a los mineros y no al sindicato. Aun suponiendo que el sindicato hubiera hecho esos pagos, no se conocen los criterios que siguió para escoger qué mineros los recibirían. Sí se sabe que miles de quienes tenían derecho no los han recibido. ¿Se hicieron nada más pagos a secciones leales a Napoleón pero no a aquellas que apoyaban a otros dirigentes? No podemos saberlo.




Hay indicios, sin embargo, de que cuando menos una parte del dinero fue desviada a cuentas personales de dirigentes sindicales y de parientes suyos. Gregorio Pérez Romo, un mensajero de Gómez Urrutia, está ya en la cárcel por haber permitido que se usara una cuenta bancaria suya para hacer pasar cuando menos 28 millones de pesos para propósitos que no tenían nada que ver con el pago a los mineros.




Aun cuando el sindicato demostrara que se han hecho todos los pagos a los mineros que tenían derecho a ello, sin embargo, estos desembolsos no liberarían al sindicato de su responsabilidad. El desvío, como argumentan las demandas, se produce en el momento en que se extingue el fideicomiso sin haber cumplido con su propósito.




¿Por qué seguir el caso por la vía civil? Por las dificultades de la vía penal. Los procesos contra Gómez Urrutia están detenidos por el hecho de que éste se ha evadido de la justicia y se encuentra en Vancouver, Canadá, y no pueden continuar mientras no se le presente físicamente. Las dificultades de comprobar un ilícito en un juicio penal, por otra parte, son enormes en comparación con lo que se requiere para que un juez ordene una restitución en una demanda mercantil. Un juicio mercantil, por otra parte, es usualmente más breve que un juicio penal. El propósito de esta vía, después de todo, no es encarcelar a Gómez Urrutia sino simplemente obligarlo a devolver el dinero extraído del fideicomiso.




Además, el hecho de que se tenga éxito en un juicio mercantil no excluye que continúe el proceso penal. Tengo conocimiento de cuando menos dos demandas civiles contra Gómez Urrutia. Una de ellas la lleva el abogado Agustín Acosta; la otra, Zaplén de la Torre, Arzate y Asociados. Habrá que ver si la estrategia funciona. Porque aun cuando Napoleón haya recuperado el liderazgo del Sindicato Minero, el tener que devolver al fideicomiso los 55 millones de dólares más daños y perjuicios le haría un boquete enorme incluso a él.

La transcripción textual de esta nota aparecida en EL DIARIO DE CHIHUAHUA y retomada del programa LA ENTREVISTA CON SARMIENTO en TV Azteca, es con el objeto de establecer algunas similitudes con los conceptos legales y jurídicos aquí manifestados comparados con la situación que guarda el asunto del FIEDICOMISO DEL SEGURO DE VIDA Y FONDO DE RETIRO del que indudablemente se posesionó XOCHITL REYES CASTRO y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en perjucio de todo el personal sindicalizado DESPOJANDOLES de su patrimonio mediante la USURPACIÓN DE FUNCIONES que no le correspondían ni a ella ni al COMITE TECNICO del mismo, pues han querido hacer pasar por legales sus actuaciones fundamentándolas en los estatutos del sindicato, sin embargo el contrato del Fideicomiso, es un documento autónomo, es un contrato regido por la LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO y el propio CODIGO CIVIL, por ser un acto mercantil y no solo un mero acto sindical.